LAS ISAPRES ENFRENTAN UNA PROFUNDA CRISIS FINANCIERA PROVOCADA, ADEMÁS DEL COVID, POR SUCESIVAS MALAS REGULACIONES. SEÑALAN QUE “YA NO HAY MARGEN DE OPERACIÓN Y EL CIERRE PUEDE PRODUCIRSE EN MESES”
La muerte de las Isapres ha sido deseada y reiteradamente anunciada por sectores de izquierda desde el año 1990, cuando asumieron al poder. Desde aquellos años, con altos y bajos, se han dictado centenares de disposiciones legales y regulaciones que han contribuido a restar competitividad al sistema asegurador y a dificultar o incluso impedir que más chilenos se incorporen a él. Esto queda dramáticamente graficado con la eliminación del subsidio del 2% a los trabajadores de menores rentas, que provocó la salida de casi un millón de beneficiarios del sistema privado a fines del siglo pasado. Quienes diseñaron una regulación inapropiada y cada vez más restrictiva en materia de competitividad y entrega de beneficios, aportan su cuota de responsabilidad a la situación que afecta hoy a la salud privada.
La coalición gobernante décadas atrás, al no poder poner término al sistema, contribuyó a generar un complejo clima de desconfianza que dura hasta hoy. Sus declaraciones irresponsables, como por ejemplo “venden humo”, o que son “empresas abusivas” o, incluso, altamente ofensivas para sus profesionales y trabajadores, como “ladrones de cuello y corbata”, en vez de corregir los errores que evidentemente presentaba la legislación, contribuyeron a generar el ambiente propicio para la crisis.
Los partidos gobernantes nunca quisieron de verdad mejorar o modernizar el sistema asegurador privado. La discriminación al ingreso, por ejemplo, perfectamente se podría haber solucionado con subsidios portables, como se hace en otros países. Pero claramente, les resultaba incómodo y era mejor desacreditarlo que perfeccionarlo, pues el sistema estatal centralizado que ellos auspiciaban, -como el que ahora se quiere imponer a toda la población- consumía ingentes recursos económicos hasta alcanzar el mismo per cápita empleado por las Isapres en sus beneficiarios, dejando en evidencia así un contundente fracaso; en 20 años el gasto fiscal per cápita aumentó de un equivalente a un 1:3 del gasto per cápita de las Isapres a una relación de 1:1. En tal caso, era necesario criticar a un sistema que, con sus defectos, funcionaba infinitamente mejor y con una productividad mayor que el estatal, que hacerse cargo de la responsabilidad de haber transformado a Chile en el segundo país OCDE, con mayor crecimiento presupuestario estatal en salud, sin mostrar avances relevantes en materia de calidad, oportunidad, ni en la entrega de servicios de salud a su mayoritaria población.
Si bien a nadie parece importarle las cifras, hay que recordar que el crecimiento de los costos de salud, de las listas de espera, del endeudamiento y de la falta de servicio ha sido mayor en el sistema estatal que en el privado. Así ha quedado demostrado en numerosas estudios académicos y en todas las comisiones presidenciales que se han organizado para reformar el seguro privado.
La imaginación de los parlamentarios e institutos ha sido muy fructífera para proponer inconducentes correcciones a los “abusos” del sistema Isapres, pero no así para resolver los problemas del aparato público. Eso demuestra cierto deseo revanchista que ha existido contra este sistema, más bien fundamentado en una posición dogmática que en los resultados sanitarios, de calidad de servicios y necesidades y preferencias de las personas.
Con esto, no quiero desconocer por ningún motivo, los defectos y errores del sistema privado de salud y que deberían haber sido corregidos oportunamente con una legislación apropiada.
Pero, lo más paradójico sucede precisamente ahora, en la que puede ser la hora final. Lamentablemente, los costos de la medicina y de las licencias médicas –pública y privada- se incrementan por sobre el IPC, fenómeno atribuido al desarrollo de la ciencia, uso más intensivo de la medicina, cambio epidemiológico, envejecimiento de la población y, últimamente, a la crisis sanitaria.
Una mala reforma a la ley de Isapres del año 2010, contribuyó a que se generara un proceso de judicialización creciente que ha significado para los afiliados del sistema la pérdida de decenas de miles de millones de pesos en costas judiciales que solo benefician a un grupo de abogados.
El colegislador recién después de 11 años respondió al exhorto de los Tribunales de Justicia para corregir esa norma, dictando la Ley 21.350, que entregó a la Superintendencia de Salud la responsabilidad de calcular el guarismo máximo de ajuste de precios de los planes de salud. Así, para el proceso de adecuación 2022-23 dicho organismo estableció -arbitrariamente en mi opinión- un guarismo de un 7,6%, muy inferior al aumento de gasto constatado por esa misma autoridad en prestaciones de salud y de Licencias Médicas, cercano al 28%. Después de dos años en que la misma ley prohibió a las Isapres ajustar tarifas (además de haber tenido que financiar un irregular subsidio maternal Covid), los resultados fueron pérdidas de más de $145.000 millones, lo que ha implicado además millonarias obligaciones a sus controladores para cumplir con los indicadores financieros de endeudamiento y liquidez, y con perspectivas de una peor situación y mayor incertidumbre para fines del 2022.
Inexplicablemente, aunque la Intendencia de Seguros de Salud sabía que dicho porcentaje era inferior al real incremento de costos, acogió las demandas de los beneficiarios e impidió, en primera instancia, tal ajuste. En este incierto escenario y además, con casi 300.000 procesos pendientes en los Tribunales de Justicia, las isapres han emplazado al Gobierno para que defina si existe la decisión de cerrar las Isapres con medidas administrativas, por medio de impedir el ajuste de precios fijado por la misma autoridad. Las instituciones ya han advertido a la opinión pública que “caerían en un déficit permanente que inevitablemente marcaría el fin del sector”.
Pero al final de cuentas, pareciera que a nadie le importa que quienes aguardan el desenlace de este proceso de demolición que ha durado años, son los afiliados y pacientes del sistema Isapre que no podrán duplicar sus pagos para cotizar en Fonasa y en un seguro privado; son los ancianos y los enfermos crónicos que asisten a sus tratamientos en clínicas de su confianza y que no tendrán dinero para pagar tarifas privadas y difícilmente serán aceptados en un seguro complementario; son los enfermos en listas de espera en servicios estatales, que competirán en las colas con esos nuevos pacientes de Isapres cuando sus planes de salud terminen, y todos aquellos que aspiran a elegir en salud y, finalmente, son los miles de trabajadores, cientos de inversionistas, emprendedores y empresarios del sector salud que ven amenazada su actividad.