LA VIOLENCIA ESCOLAR EN CHILE SE HA TRANSFORMADO EN UN DESAFÍO URGENTE QUE INTERPELA NO SOLO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, SINO TAMBIÉN A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO. SEGÚN DATOS DE UNICEF, MÁS DE 4,4 MILLONES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VIVEN EN EL PAÍS, REPRESENTANDO EL 24,3% DE LA POBLACIÓN. TODOS ELLOS TIENEN DERECHO A DESARROLLARSE EN ENTORNOS SEGUROS, LIBRES DE MIEDO, NEGLIGENCIA Y VIOLENCIA.
Sin embargo, los recientes hechos ocurridos en ciudades como Calama y Curicó, junto con la evidencia acumulada, muestran una realidad preocupante. La UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud advierten sobre al menos cinco formas de violencia que afectan a la niñez: violencia armada, disciplina violenta, bullying, violencia digital y violencia sexual. En Chile, resulta especialmente alarmante que un 62,5% de los cuidadores reconozca el uso de prácticas violentas en la crianza.
A esto se suma una dimensión crítica: la salud mental. Un porcentaje relevante de adolescentes enfrenta dificultades psicosociales y problemas de salud mental, y casi uno de cada cinco ha manifestado pensamientos suicidas. Estas cifras reflejan la profundidad de una crisis que también se expresa en comunidades educativas cada vez más tensionadas, donde docentes y equipos enfrentan crecientes desafíos en la gestión de la convivencia escolar.
La evidencia es clara: las estrategias más efectivas son aquellas que priorizan la prevención. Esto implica avanzar en programas integrales que fortalezcan las habilidades socioemocionales, mejorar el acceso a servicios de salud mental y acompañar de manera activa tanto a estudiantes como a sus familias. Del mismo modo, es fundamental fortalecer el rol de los docentes mediante capacitación y apoyo especializado.
Construir escuelas seguras no es una tarea imposible, pero sí requiere decisión y coordinación. Solo a través de un enfoque integral, que articule a la familia, la escuela y el Estado, será posible garantizar entornos protectores y un desarrollo pleno para las nuevas generaciones.