“Las licencias médicas de años no son un error: son la consecuencia de un sistema que no controla”

En esta entrevista para Contacto Salud, Rodrigo Varela, gerente legal de Alto Inmune, analiza las responsabilidades legales involucradas, las razones de la escasa aplicación de sanciones y los cambios urgentes que, a su juicio, el sistema de salud debe implementar para evitar que estas prácticas sigan impactando la gestión hospitalaria y la atención de los pacientes.

Cuando se detectan licencias médicas que se extienden por años – como ocurre en el Hospital San José -, ¿estamos frente a un abuso individual del sistema o a una falla estructural del modelo de control de licencias en el sector público?

El caso del Hospital San José y otros recintos públicos donde se han detectado licencias médicas que se extienden por 10, 15 o hasta 20 años es el ejemplo perfecto de una tormenta perfecta: no es solo un abuso individual, sino la evidencia de un colapso en los mecanismos de control del Estado.

Estamos ante una combinación de ambos factores, pero con un peso predominante en la falla estructural. Y esto se explica por lo siguiente;

1. El abuso Individual (La «Astucia» del Sistema)

El abuso individual existe y se manifiesta en lo que los expertos llaman «licencias calesita» o circulares:

• Rotación de diagnósticos:El funcionario presenta una licencia por salud mental, luego una por lumbago y después por una patología distinta. Esto impide que la COMPIN pueda declarar la «irrecuperabilidad» de la salud del trabajador.
• Breves retornos:Vuelven a trabajar solo un par de días para «cortar» la continuidad y luego inician un nuevo ciclo, evitando que el sistema los califique como enfermos crónicos que deben pensionarse por invalidez.

2. La Falla Estructural (El «Vacío» del Estado)

El hecho de que una persona pueda estar fuera de su puesto por una década mientras sigue recibiendo remuneración completa evidencia fallas en el diseño del modelo:

• Inamovilidad Laboral:En el sector público (Estatuto Administrativo), remover a un funcionario es un proceso sumamente complejo. La licencia médica actúa como un «escudo» que suspende cualquier proceso de desvinculación o sumario.
• Falta de coordinación SUSESO-COMPIN-PDI:Hasta hace muy poco (2025), no existía una comunicación en tiempo real. Un médico podía recetar reposo a un funcionario mientras este último estaba subiendo fotos a redes sociales desde otro país, y el sistema no lo detectaba automáticamente.
• El incentivo del «Sueldo Íntegro»:A diferencia del sector privado, donde el subsidio tiene un tope, muchos funcionarios públicos reciben su remuneración completa por convenio, lo que elimina el desincentivo económico de estar «enfermo».

Desde el punto de vista legal, ¿quién responde cuando estas licencias prolongadas afectan directamente la atención de pacientes: el funcionario, el médico que emite la licencia, o la autoridad que no fiscaliza?

Desde el punto de vista legal en Chile, no hay un único culpable, sino una cadena de responsabilidades que se activan de forma distinta según el ámbito (penal, civil o administrativo).

Cuando la falta de personal por licencias fraudulentas deriva en una negligencia médica o el empeoramiento de un paciente, la responsabilidad se distribuye así:

1. El Estado (La Autoridad): «Falta de Servicio»

Legalmente, la autoridad es la primera en responder frente al paciente a través de la figura de la Falta de Servicio.

• Por qué responde:La justicia chilena establece que el Servicio de Salud tiene el deber de continuidad y eficiencia. Si la autoridad sabe que tiene un «agujero» en su personal por licencias eternas y no gestiona reemplazos o no fiscaliza el fraude, el Estado es civilmente responsable por los daños.
• Consecuencia:El paciente demanda al Fisco por indemnización de perjuicios. El argumento es que el Estado falló en su deber de organizar el servicio.

2. El Médico Emisor: Responsabilidad Penal y Civil

Si se logra probar que la licencia es ideológicamente falsa (el paciente no estaba enfermo), el médico pasa a ser el eslabón más débil de la cadena legal:

• Responsabilidad Penal:Bajo la nueva Ley 21.746, el médico enfrenta cárcel y multas gravísimas por falsificación de instrumento público.
• Responsabilidad Civil:Si la ausencia de ese funcionario (basada en una mentira del médico) causó un daño directo (ej. se canceló una cirugía crítica), el médico puede ser demandado por daños y perjuicios de forma solidaria.

3. El Funcionario: Responsabilidad Administrativa y Penal

El funcionario que abusa del sistema no responde directamente ante el paciente por «mala praxis» (porque no estaba ahí), pero responde ante la ley por:

• Fraude al Fisco:Al percibir un sueldo por un trabajo que no realiza mediante un engaño, comete un delito penal.
• Responsabilidad Administrativa:El estatuto administrativo obliga al funcionario a la probidad. El uso de licencias falsas es causal de destitución inmediata tras un sumario.
• Repetición:Si el Estado es condenado a pagarle al paciente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) puede ejercer una acción de repetición contra el funcionario para que este devuelva al Fisco el dinero de la indemnización.

El gran problema legal es que, históricamente, ha sido muy difícil probar el nexo causal entre una licencia específica y el daño a un paciente. Sin embargo, en 2026, la Contraloría está siendo mucho más estricta con los directores de hospitales: si un director no inició sumarios ante licencias de años, se le considera administrativamente responsable por negligencia en el mando.

¿Es legalmente aceptable que un hospital mantenga cargos «ocupados» durante años por personas con licencia médica, sin reemplazos efectivos, aun cuando eso compromete la capacidad de atención?

Es legalmente «formal», pero administrativamente ineficiente y éticamente cuestionable. Aunque parezca un contrasentido, el hospital no puede eliminar ese cargo porque el funcionario goza de estabilidad laboral (derecho a la propiedad del empleo) y la licencia médica es un título de justificación legal que impide el despido.

El problema radica en:

1. El Cargo se «Bloquea» por Ley

En el sector público, las plazas están fijadas por una planta de personal. Si el funcionario X tiene un cargo en propiedad y presenta una licencia, esa plaza sigue ocupada por él.

• La barrera legal:El Director del hospital no puede declarar el cargo «vacante» mientras exista una licencia vigente, incluso si dura 5 años. Hacerlo sería ilegal y el funcionario ganaría un recurso de protección en la Corte de Apelaciones por vulneración de sus derechos fundamentales.

2. El problema de los «Reemplazos Efectivos»

Aunque el cargo esté bloqueado, la ley permite contratar personal a contrata o suplentes para cubrir esa ausencia. Sin embargo, aquí falla la gestión por dos razones:

• Restricción Presupuestaria:Muchas veces el hospital no tiene presupuesto extra para pagar dos sueldos por la misma función (el subsidio de la licencia que se recupera de la Isapre/Fonasa no siempre vuelve de inmediato al presupuesto del hospital).
• Precarización del Reemplazo:Es difícil encontrar especialistas de alto nivel que acepten un reemplazo de «duración indefinida» (hasta que el titular vuelva), lo que termina en una rotación constante de personal menos experimentado o, peor aún, en el cargo quedando vacío.

3. La Declaración de «Salud Incompatible»

Existe una herramienta legal para romper este círculo, pero es un «arma de doble filo» que las autoridades suelen temer usar:

• Artículo 151 del Estatuto Administrativo:Permite al Jefe de Servicio declarar la vacancia del cargo por «salud incompatible» si el funcionario ha tenido licencias por más de 6 meses en los últimos dos años (continuos o discontinuos).
• La «Trampa»:Esta facultad no se puede ejercer si la licencia es por accidente del trabajo, enfermedad profesional o maternidad. Además, la Contraloría exige que el proceso sea impecable; cualquier error de forma permite que el funcionario sea reintegrado con pago de sueldos retroactivos.

¿Es aceptable que se comprometa la atención?

No, no es legalmente aceptable bajo el principio de «Continuidad del Servicio Público».

Si un hospital mantiene cargos bloqueados por años y no gestiona los reemplazos, cae en una omisión ilegal. La justicia ha establecido que:

1. El derecho del trabajador a su licencia no es absoluto frente al derecho de los ciudadanos a recibir salud.
2. Si la autoridad no aplica la declaración de «salud incompatible» o no gestiona el presupuesto para suplencias tras años de ausencia, está incurriendo en una negligencia administrativa.

En resumen: El sistema permite que el cargo esté ocupado nominalmente por el enfermo, pero obliga a la autoridad a buscar soluciones de reemplazo. Si no lo hace, la responsabilidad recae sobre el Director del Servicio de Salud por no utilizar las herramientas legales para liberar la plaza o garantizar la atención.

¿Qué sanciones reales existen hoy en Chile para los casos de licencias médicas irregulares y por qué, en la práctica, parecen aplicarse tan pocas?

A febrero de 2026, el escenario de las licencias médicas en Chile ha cambiado drásticamente con la implementación total de la Ley 21.746. Sin embargo, persiste una brecha entre lo que dice la ley y lo que el ciudadano percibe como justicia.

Las sanciones actuales y las razones reales de por qué la «sensación de impunidad» sigue presente se pueden explicar en:

1. Sanciones Reales (Lo que dice la ley hoy)

Tras la reforma de 2025, las penas se endurecieron para atacar tanto la oferta (médicos) como la demanda (usuarios):

Para los Médicos (Emisores)

• Cárcel:De 541 días a 5 años (presidio menor en su grado medio a máximo).
• Multas Millonarias:De 300 a 1.000 UTM (aprox. $20 a $66 millones de pesos).
• Sanciones al profesional:Suspensión inmediata de la facultad de emitir licencias por hasta 180 días. En caso de reincidencia, la inhabilitación puede ser perpetua.

Para los Usuarios (Trabajadores)

• Cárcel:De 61 a 540 días.
• Multas:De 25 a 250 UTM (aprox. $1,6 a $16 millones de pesos).
• Sector Público:Destitución inmediata mediante sumario administrativo por «falta grave a la probidad».

¿Por qué se aplican tan pocas sanciones en la práctica?

Aunque las penas son altas, el sistema enfrenta tres grandes cuellos de botella que ralentizan o anulan las sanciones:

1. El «Debido Proceso» Administrativo

En el sector público, cada funcionario tiene derecho a un sumario administrativo. En 2025 se detectaron miles de casos (como los del Hospital San José), pero procesar 30.000 sumarios individuales es logísticamente imposible para el Estado. Muchos de estos procesos tardan 2 o 3 años, tiempo en el cual el funcionario puede jubilarse o renunciar, dejando la sanción en nada.

1. El Desafío de Probar el «Dolo» (La Intención)

Para condenar a alguien penalmente, la fiscalía debe probar que el trabajador no estaba enfermo.

• La trampa:Si un trabajador alega «depresión severa», es extremadamente difícil para un juez desmentir el diagnóstico de un médico, incluso si el paciente fue visto en un mall o en la playa (ya que el médico puede argumentar que «salir es parte de la terapia»).

1. El Foco en los «Grandes Emisores»

El Ministerio Público y la SUSESO han decidido concentrar sus recursos en los médicos que emiten más de 1.600 o 5.000 licencias al año (las redes criminales). Esto significa que el «pequeño infractor» —el trabajador que saca una licencia falsa una vez al año para irse de vacaciones— rara vez llega a un tribunal, ya que el sistema prioriza los fraudes de miles de millones de pesos.

3. ¿Qué ha cambiado en 2026?

A pesar de las dificultades, este año ha marcado un hito por dos factores tecnológicos:

1. Cruce Migratorio Automático:Hoy, si una persona con licencia vigente marca su pasaporte en el Aeropuerto de Pudahuel, se genera una alerta inmediata que bloquea el pago del subsidio. Esto no requiere un juicio largo; es una sanción económica directa y automática.
2. Fin de la Licencia en Papel:Al ser 100% electrónicas, la inteligencia de datos detecta patrones sospechosos en segundos, permitiendo a las Isapres y Fonasa rechazar el pago preventivamente, lo que traslada la carga de la prueba al trabajador.

Dato Clave: A principios de 2026, las pérdidas por licencias falsas superaron los $85.000 millones de pesos. El Estado ha pasado de una fiscalización «caso a caso» a una persecución de grandes estructuras criminales de médicos

Si este problema es recurrente y conocido, ¿qué cambios urgentes deberían implementarse para evitar que se repita en otros hospitales públicos?

Para frenar este «agujero negro» de recursos en la salud pública, la solución ya no pasa por crear más leyes, sino por cambiar la gestión operativa y la tecnología de control.

Si queremos evitar que el caso del Hospital San José se replique en todo Chile, estos son los cambios urgentes que los expertos y la Contraloría han puesto sobre la mesa para este 2026 y que desde Inmune compartimos:

1. Desvincular el Pago del Sueldo de la Plaza Laboral

Actualmente, el hospital paga el sueldo y luego espera que Fonasa o la Isapre le reembolse.

• El cambio:Implementar un fondo central de reemplazos. Si un funcionario sale con licencia por más de 30 días, su sueldo debería ser cubierto directamente por una entidad pagadora externa (como la SUSESO), liberando de inmediato el presupuesto del hospital para contratar a un suplente sin tener que «esperar el reembolso».

2. Automatización del «Artículo 151» (Salud Incompatible)

Hoy, declarar la vacancia por salud incompatible es un proceso manual, lento y que los directores de hospital evitan por miedo a demandas.

• El cambio:Que el sistema informático de recursos humanos genere una alerta obligatoria y vinculante cuando un funcionario cumple 180 días de licencia en dos años. Una vez generada la alerta, el hospital debería estar obligado por ley a iniciar el proceso de evaluación de invalidez o vacancia en un plazo máximo de 15 días, eliminando la discrecionalidad del director.

3. Peritajes Médicos Independientes (No Tratantes)

El gran problema es que la COMPIN suele validar la licencia basándose solo en lo que dice el médico que la emitió (quien puede estar coludido).

• El cambio:Para licencias que superen los 90 días, debe ser obligatorio un peritaje por un panel de médicos independientes designados por sorteo, ajenos al hospital y al médico tratante. Si el panel determina que la enfermedad no justifica el reposo o es irrecuperable, la licencia se corta de inmediato.

4. Fin de la «Licencia Calesita»

• El cambio:Modificar la normativa para que el cómputo de días para la «salud incompatible» considere la suma de todas las licencias, sin importar el diagnóstico. Actualmente, si cambias de «lumbago» a «depresión», el contador a veces se confunde o se reinicia en la práctica administrativa. Debe haber un límite total de días de ausencia anual, punto.

5. Responsabilidad Solidaria del Director

• El cambio:Establecer por ley que el Director del Hospital y el Jefe de Recursos Humanos son civilmente responsables (con su propio patrimonio) si no inician las acciones de fiscalización ante casos evidentes de abuso detectados por los sistemas de alerta.

El gran desafío de estas medidas es el lobby gremial, que a menudo confunde la protección de los derechos del trabajador enfermo con la protección del abusador.