Durante la última década, el gasto público en salud ha crecido significativamente, mientras las listas de espera quirúrgicas continúan afectando a cientos de miles de personas. La evidencia indica que el problema no se limita a la disponibilidad de recursos, sino también a la capacidad de gestionarlos eficientemente.
Los estudios de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad muestran que los pabellones quirúrgicos del sistema público presentan importantes oportunidades de mejora, con niveles de utilización efectiva cercanos al 53% de la capacidad disponible. Asimismo, el propio Ministerio de Salud ha reconocido que los sistemas actuales no permiten reportar adecuadamente variables críticas como déficit de especialistas, causas de suspensión de cirugías o disponibilidad de recursos productivos. Resulta indispensable contar con información integrada y trazable sobre pabellones, camas, cirujanos, anestesistas, equipamiento e insumos, junto con datos precisos de tiempos quirúrgicos y productividad, para avanzar hacia una gestión basada en evidencia y resultados.
Sin embargo, existe un aspecto poco discutido y de enorme relevancia fiscal. Cada cirugía que el sistema público no logra resolver con su capacidad instalada termina, en muchos casos, siendo comprada a prestadores privados. Si logramos aumentar la productividad quirúrgica utilizando mejor los pabellones, coordinando los factores productivos y reduciendo las suspensiones, una parte importante de esos recursos podría permanecer en la red pública. Dado que la infraestructura, gran parte del equipamiento y los costos fijos ya están financiados por el Estado, el incremento de producción requiere principalmente costos variables adicionales, cuyo valor es significativamente menor que el financiamiento recibido por cada prestación realizada.
En otras palabras, una mayor productividad no sólo permitiría reducir listas de espera, sino también generar ingresos adicionales para los hospitales públicos, contribuyendo a financiar parte de sus déficits estructurales y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema. Para ello, la interoperabilidad, el uso inteligente de los datos y la digitalización de los procesos quirúrgicos – que hoy apenas alcanza alrededor del 56% a nivel nacional – deben transformarse en una prioridad estratégica para el país.