Nada nuevo bajo el sol

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En esta crisis de las Isapres no quiero aparecer como un general opinando después de la batalla. Llevo años advirtiendo a la opinión pública -a veces en forma muy apasionada- de propuestas ilusorias e inviables, de las malas políticas aplicadas al sistema de salud y de las numerosas iniciativas de regulaciones que podrían haber provocado una crisis similar a la actual. Lamentablemente, el tiempo me ha dado la razón.

 

Son los pacientes y adultos mayores afiliados a las Isapres y a Fonasa quienes serán la carne de cañón de una discusión ideológica que se ha traducido en un grave problema para el sector salud, cuya responsabilidad y urgencia en solucionarlo recae exclusivamente en las autoridades.

 

Si bien Chile tiene un sistema de salud pública robusto, con buenos resultados comparados con los países de desarrollados reunidos en la OCDE, el sistema estatal mantiene desde hace decenas de años problemas de calidad y oportunidad de los servicios de salud ofrecidos. Esto se refleja  claramente en los índices de satisfacción, los que son inferiores al promedio de la OCDE, las colas y las listas de espera que lejos de disminuir, aumentan y un creciente gasto de bolsillo, especialmente en medicamentos. Pero ello no ocurre por falta de recursos, pues el sistema estatal de salud ha sido beneficiado con un sostenido incremento presupuestario muy importante. Tan notable que junto a Corea son los únicos países de la OCDE que en los últimos 20 años han aumentado su gasto público en salud sobre el 8% real anual, alcanzando un gasto per cápita igual al de las Isapres. Sabemos por cierto, que el riesgo asociado en la población de Fonasa es mayor al de las Isapres, pero lo relevante es que esa relación señalada era hace 20 años de 1:3 y hoy, como se indicó, es 1:1.

¿Pero, cuál ha sido el resultado de tan importante aumento presupuestario? Pobre, por decir lo menos. La productividad del sistema estatal de salud ha disminuido, y las listas de espera han aumentado, tanto para especialidades médicas como intervenciones quirúrgicas. Por la misma razón, el sistema estatal no está en condiciones de recibir a 3,4 millones de beneficiarios del sistema Isapres.

Paradójicamente el sistema privado siempre ha sido una especie de chivo expiatorio de los problemas del sistema estatal. En las dos décadas recién pasadas se han presentado más de 100 iniciativas de reformas de Isapres. Un ejemplo de mala regulación ocurrió el año 2005 cuando se cambió el mecanismo de ajuste de precios mediante la Ley 20.015 denominada “ley larga de Isapres”.

Esta reforma -evidentemente mal diseñada por sus consecuencias- derivó a los pocos años en una creciente judicialización por ajustes de precios. Los abogados litigantes descubrieron que un recurso de protección, transformado al poco andar en un mero trámite de presentación a las Cortes, permitiría obtener beneficios con generosas costas judiciales. Así se creó una verdadera industria del litigio que promocionó sus servicios a través de diversos medios, logrando realizar a la fecha aproximadamente 2 millones de causas, con costas promedio que se estiman en $100.000 cada una. Ello arrojaría la suma de $200.000.000.000 en 12 años para los abogados litigantes, todo a financiar por las Isapres.

Desde el 2010 las autoridades fueron advertidas de este creciente fenómeno que causaba un grave problema en el sector y en la administración de la justicia. La opinión pública tenía conciencia del perjuicio que estaba causando e, incluso, de la tremenda injusticia que significaba para quienes no judicializaban, puesto que pagaban la cuenta y el incremento de los costos médicos de quienes judicializaban, pero a nadie pareció importarle y pocos creyeron las advertencias de las graves consecuencias que podía tener.


La incertidumbre

Sólo después de 12 años de costas judiciales, el Gobierno dictó la Ley 21.350 el año 2021, que contó con la anuencia absoluta de los parlamentarios. Esta ley congeló los ajustes de las Isapres por dos años por el Covid y facultó a la Superintendencia de Salud para “calcular los índices de variación de los costos de las prestaciones de salud, de variación de la frecuencia de uso experimentada por las mismas y de variación del costo en subsidios por incapacidad laboral del sistema privado de salud.”Asimismo, le otorgó amplias facultades para solicitar toda la información de sustento y en marzo de cada año dar a conocer a las isapres el máximo porcentaje que pueden aumentar sus precios base, calculado mediante un procedimiento regulado por los Ministerios de Salud y Economía. La ley señala que “El índice de variación porcentual así fijado se entenderá justificado para todos los efectos legales.”

El cálculo de la Superintendencia arrojó un valor cercano al 30%, después de dos años sin ajustes y condicionado por una circunstancia sanitaria especial. De hecho, sin posibilidad de reajustar tarifas durante ese períodoy con un alza de gasto médicos y licencias del monto indicado, varias Isapres han debido efectuar aportes de capital para cumplir con los indicadores financieros. ¡Sólo una de ellas ha declarado aumentar en más de $120.000 millones para cumplir con los indicadores financieros que exige la ley!

Sin embargo, con los números en la mano, la Superintendencia advirtió la dificultad política de aplicar un ajuste del orden del 30%. Por ello, estableció una moderación arbitraria basada en cierta proporción relativa a las utilidades obtenidas por las Isapres en el período analizado. En base a ello, rebajó dicho ajuste a un 7,6% máximo para el período 2022-23, cifra que fue asumida por todas las Isapres pues sus incrementos de costos superaban por lejos dicha cifra.

Esto gatilló nuevamente el proceso de judicialización. Cerca de 30,000 recursos llegaron a la Intendencia de Salud y alrededor de 340.000 a los tribunales de justicia motivados por abogados que aspiraban obtener alrededor de $34.000 millones en costas judiciales.

Paradójicamente, la Superintendencia acogió los reclamos a pesar que ese mismo organismo determinó el valor del alza máxima. La Corte Suprema, en un fallo muy particular, dejó sin efecto el ajuste de precios para todos los afiliados al sistema Isapre, sin consideración al efecto relativo del fallo. Además, ordenó a la Superintendencia a reiniciar un proceso regulado en la ley y, por primera vez, falló sin castigar con costas judiciales a las Isapres. ¡Gran decepción por cierto, para los abogados litigantes!

En estas circunstancias de incertidumbre se encuentra el sector. La autoridad tiene en sus manos las respuestas que requieren los beneficiarios del sistema. Si no se resuelve, la crisis sanitaria puede ser enorme. A la brevedad se debe rehacer el proceso de ajuste de tarifas base para evitar el quiebre de las Isapres. Si se acaban las isapres al menos 1,5 a 2 millones no tendrán otra opción que el sistema estatal. ya sea por falta de recursos económicos, por condiciones de edad o de salud, postrados o esperando un servicio médico. Hay estudios académicos que han cuantificado el aumento de las colas y listas de espera en el sistema estatal. Pero, para mal de los males, quienes llegarán enfermos es probable que desplacen en los establecimientos a los que hoy están esperando un procedimiento o una intervención quirúrgica. Además del daño personal y de la pérdida de derechos adquiridos por los pacientes, el daño financiero en las clínicas y centros médicos privados es impredecible.

Por ello, no podemos estar indiferentes. El problema afecta a todos: a quienes estamos afiliados a una Isapre, a los beneficiarios de Fonasa, a los profesionales y equipo de salud y a las empresas.

Así, no ha ocurrido nada nuevo bajo el sol. Sin duda la pandemia actuó como catalizador de un problema que se arrastra por años, agravado además por un elevado incremento de costos y la obligación para las Isapres de financiar un subsidio maternal Covid durante este período excepcional. A fin de cuentas, son los pacientes y adultos mayores afiliados a las Isapres y a Fonasa quienes serán la carne de cañón de una discusión ideológica que se ha traducido en un grave problema para el sector salud, cuya responsabilidad y urgencia en solucionarlo recae exclusivamente en las autoridades.

 

 

 

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